Delitos Financieros
Defensa penal especializada y representación de víctimas en delitos contra el patrimonio económico y el orden económico social en Colombia.
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Los delitos financieros en Colombia están tipificados en el Título VII del Código Penal (Ley 599 de 2000), que comprende los delitos contra el patrimonio económico (arts. 239-266) y los delitos contra el orden económico social. Estos incluyen conductas como la estafa (art. 246), que sanciona con prisión de 32 a 144 meses a quien obtenga provecho ilícito induciendo a otro en error mediante artificios o engaños, y la administración desleal (art. 250-B), que penaliza con 4 a 8 años de prisión al administrador que disponga fraudulentamente de bienes societarios.
En Legal Diligence Medellín representamos tanto a víctimas de delitos financieros como a personas investigadas o acusadas por estas conductas. Nuestro equipo analiza cada caso con rigor técnico, evaluando los elementos del tipo penal, la suficiencia probatoria y las posibilidades de preacuerdos o principios de oportunidad. En casos de defensa, trabajamos para garantizar el debido proceso y explorar todas las alternativas legales disponibles.
La persecución de delitos financieros en Colombia involucra frecuentemente a la Fiscalía General de la Nación, la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Sociedades y la DIAN. Nuestros abogados conocen los procedimientos de cada entidad y acompañan a nuestros clientes en todas las instancias, desde la denuncia penal o la respuesta a un requerimiento, hasta la audiencia de juicio oral y la apelación ante tribunales superiores.
Problemas que Resolvemos
Investigación por estafa o fraude
Enfrenta un proceso penal por presunta estafa (art. 246 CP) y necesita una defensa técnica que analice los elementos del tipo penal, especialmente el engaño idóneo y el nexo causal con el perjuicio patrimonial.
Administración desleal de bienes societarios
Es investigado por disposición fraudulenta de bienes de la sociedad (art. 250-B CP) o enfrenta esta conducta como socio perjudicado y necesita representación para la denuncia penal y la reclamación civil.
Evasión fiscal y defraudación tributaria
La DIAN ha iniciado un proceso penal por presunta omisión de activos, deuda con el fisco o uso de facturas falsas, y requiere asesoría penal-tributaria coordinada.
Abuso de confianza y apropiación indebida
Es víctima de apropiación indebida de fondos por parte de un empleado, socio o administrador, o está siendo acusado de esta conducta y necesita defensa penal inmediata.
Nuestro Enfoque
Análisis Técnico del Caso
Evaluamos detalladamente los hechos, la evidencia disponible y los elementos del tipo penal aplicable para determinar la mejor estrategia de defensa o acusación, identificando debilidades procesales y oportunidades legales.
Gestión Integral ante Autoridades
Acompañamos al cliente ante la Fiscalía, juzgados penales, la DIAN, la Superintendencia Financiera y demás entidades involucradas, coordinando la estrategia penal con las actuaciones administrativas y civiles relacionadas.
Litigio Penal y Negociación
Ejercemos la defensa técnica en todas las etapas del proceso penal acusatorio: indagación, investigación, acusación y juicio oral. Cuando conviene al cliente, negociamos preacuerdos y principios de oportunidad con la Fiscalía.
Preguntas Frecuentes
La estafa (art. 246 del Código Penal) se sanciona con prisión de 32 a 144 meses y multa de 66.66 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la cuantía no excede 10 SMLMV, la pena es de 16 a 36 meses de prisión.
La administración desleal (art. 250-B CP) sanciona al administrador, directivo o asesor que, abusando de sus funciones, disponga fraudulentamente de bienes societarios causando perjuicio económico a los socios. La pena es de 4 a 8 años de prisión y multa de 10 a 1.000 SMLMV.
Sí. Si un socio o administrador dispuso de bienes de la sociedad en beneficio propio o de terceros sin autorización, puede configurarse administración desleal, abuso de confianza o estafa. Nuestros abogados evalúan la conducta y presentan la denuncia penal con el soporte probatorio adecuado.
El proceso penal busca establecer responsabilidad criminal y puede resultar en pena de prisión, mientras que el administrativo-sancionatorio (ante la SFC, DIAN o Supersociedades) impone multas y sanciones administrativas. Ambos pueden tramitarse simultáneamente y requieren estrategias coordinadas.
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