Responsabilidad Penal Empresarial
Programas de compliance penal, defensa de directivos y prevención de riesgos penales corporativos bajo la normativa colombiana.
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La responsabilidad penal empresarial en Colombia se manifiesta principalmente a través de dos vías: la responsabilidad penal individual de los directivos, administradores y representantes legales por las decisiones que toman en nombre de la empresa, y la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas establecida por la Ley 1778 de 2016 para actos de soborno transnacional. Esta ley faculta a la Superintendencia de Sociedades para imponer multas de hasta 200.000 SMLMV e inhabilitar a las empresas para contratar con el Estado por hasta 20 años.
En Legal Diligence Medellín diseñamos e implementamos programas de compliance penal integrales que protegen a las empresas y sus directivos frente a riesgos penales. Nuestros programas incluyen códigos de ética, políticas anticorrupción, canales de denuncia confidencial, matrices de riesgo penal, protocolos de investigación interna y programas de capacitación. Un programa de compliance eficaz no solo previene conductas delictivas, sino que puede servir como atenuante o eximente de responsabilidad ante las autoridades.
Cuando un directivo o la empresa ya enfrenta una investigación penal, nuestro equipo asume la defensa con conocimiento profundo del derecho penal económico colombiano. Representamos a gerentes, miembros de junta directiva, revisores fiscales y representantes legales ante la Fiscalía y los juzgados penales, coordinando la estrategia penal con las actuaciones ante superintendencias y entidades regulatorias.
Problemas que Resolvemos
Riesgo penal para directivos y representantes legales
Los gerentes y miembros de junta directiva enfrentan riesgo personal de prisión por decisiones empresariales que constituyan delitos como estafa, administración desleal, evasión fiscal o delitos ambientales, incluso cuando actuaron siguiendo instrucciones corporativas.
Investigación por soborno transnacional
Su empresa está siendo investigada por la Superintendencia de Sociedades bajo la Ley 1778 de 2016 por presuntos actos de soborno a funcionarios públicos extranjeros en transacciones internacionales, con riesgo de multas millonarias.
Ausencia de programa de compliance penal
Su empresa no cuenta con un programa de cumplimiento penal que la proteja frente a riesgos de lavado de activos, corrupción, delitos financieros o infracciones regulatorias, exponiéndola a sanciones y responsabilidad penal.
Fraude interno o irregularidades corporativas
Ha detectado irregularidades dentro de su empresa — desvío de fondos, falsificación de documentos, conflictos de interés — y necesita una investigación interna confidencial antes de decidir si involucrar a las autoridades.
Nuestro Enfoque
Diagnóstico de Riesgos Penales
Realizamos una auditoría integral de los riesgos penales de su empresa: analizamos la estructura societaria, los procesos operativos, las relaciones con terceros y el historial regulatorio para identificar vulnerabilidades y priorizar la implementación de controles.
Diseño e Implementación de Compliance
Creamos programas de cumplimiento penal a la medida: códigos de ética, políticas anticorrupción y antisoborno, matrices de riesgo, canales de denuncia anónimos, protocolos de debida diligencia de terceros y programas de capacitación continua para directivos y empleados.
Defensa Penal Corporativa
Representamos a directivos y empresas en investigaciones y procesos penales, coordinando la estrategia de defensa con las actuaciones ante la Superintendencia de Sociedades, la Fiscalía y los juzgados, buscando siempre la resolución más favorable.
Preguntas Frecuentes
Sí. En Colombia, los representantes legales, gerentes y miembros de junta directiva pueden ser penalmente responsables por decisiones empresariales que constituyan delitos. La responsabilidad penal es personal, no se transfiere a la empresa, y puede incluir penas de prisión, multas e inhabilidad para ejercer cargos.
La Ley 1778 de 2016 establece la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por actos de soborno transnacional. Permite a la Superintendencia de Sociedades imponer multas de hasta 200.000 SMLMV, inhabilitar para contratar con el Estado y publicar la sanción. Afecta a cualquier empresa colombiana que tenga negocios internacionales.
Un programa de compliance penal previene, detecta y responde a conductas delictivas dentro de la organización. Incluye códigos de ética, canales de denuncia, capacitación y controles internos. Además de prevenir delitos, un programa efectivo puede servir como atenuante de responsabilidad ante las autoridades y mejorar la reputación corporativa.
No destruya evidencia ni confronte directamente al sospechoso. Contacte inmediatamente a un abogado penalista para que dirija una investigación interna confidencial, preserve la evidencia, evalúe la dimensión del fraude y le asesore sobre si conviene denunciar ante la Fiscalía o buscar una solución negociada.
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